No hay una economía más democrática que
aquella que permita, a las personas que quieren emprender, el que puedan
hacerlo y que se garantice un ascensor empresarial para iniciar su actividad y
crecer su proyecto hasta que sea estable en condiciones justas. Si la actividad
empresarial en vez de concentrarse en unos pocos oligopolios, estuviese
repartido entre miles de pequeños y medianos empresarios emprendedores, la
economía se democratizaría y, los medios de producción pertenecerían a aquellas
personas que quieren emprender y no a unos pocos fondos de inversión
internacionales. Actualmente la competencia desleal de las grandes empresas que
monopolizan los diversos sectores, las trabas administrativas que dificultan el
proceso y el excesivo número de pequeños competidores para una economía en gran
medida de subsistencia, cercenan hoy por hoy, esta necesidad. Para ello hay que
acabar, mediante transparencia en las instituciones públicas, con el
clientelismo que favorece a la trama de empresas vinculadas con la corrupción.
Hay que apoyar decididamente, mediante la canalización de los numerosos fondos
europeos, el emprendimiento en sectores clave como la modernización e
internacionalización del sector primario, la industrialización, la economía
circular y un nuevo modelo turístico. Todo ello con unos empleos de mayor
cualificación y consiguientes salarios y un mayor valor añadido a la
producción.
Las políticas fiscales españolas se basan en
la premisa que el que las empresas que tengan beneficios están exentas de pagar
impuestos sobre ese rendimiento, siempre y cuando reinviertan en activos
productivos para su propia empresa. Los diferentes mecanismos, como las
deducciones en Activos fijos y los específicos de Canarias RIC, o las DIC lo desarrollan.
Ello implica, por un lado, que el estado está sostenido por impuestos que pagan
los trabajadores: tanto asalariados como pequeños empresarios. Las rentas del
trabajo están penalizadas con respecto a las del capital. Pero, por otro lado,
el problema de las pequeñas empresas no es la bonificación para con sus
beneficios, sino una mera subsistencia. Por último, las inversiones que se
bonifican no crean empleo en Canarias. No potencian un sector industrial local:
los vehículos, ordenadores, maquinaria, etc que se subvencionan se producen
fuera y, por tanto, en nada beneficia a la sociedad en la que desarrolla su
actividad. Además, conviene reseñar el gran engaño de este sistema ya que las
empresas renuevan necesariamente su inmovilizado por obsolescencia y crea la paradoja que por
la adquisición de esos bienes (vehículos, equipamiento informático, maquinaria,
etc.) que de todas formas iban a adquirir, le exoneran del pago de impuestos.
Esta situación genera lo que diversos economistas de prestigio han denominado
la polarización de las de capital frente a las del trabajo y han acusado de ser
el origen de la actual crisis económica y financiera
Nuestro sector primario cuenta con lo más
difícil: productos de altísima calidad ya reconocidos internacionalmente, aparte
del plátano y del tomate que ya cuentan con sus canales de distribución y sus
grupos de presión que garantizan su continuidad. Pero, por desgracia, el aloe,
el queso, la carne de cabrito y los productos de huerta están controlados por
un reducido número de distribuidores cuyo interés es seguir monopolizando la
comercialización del mercado y, para poder hacerlo, necesitan mantener un
reducido tamaño. La administración debe abrir mercados en el exterior. Debe
crear las infraestructuras para que la iniciativa privada pueda apoyarse en
ellas, crecer y desarrollar el sector primario y el secundario vinculado a
éste. Por otra parte, es increíble que en una sociedad como la canaria que ha
vivido vinculada a la agricultura, a día de hoy necesite la importación de la
inmensa mayoría de los productos alimenticios que consume.
No se trata de buscar un sistema autárquico de
soberanía alimentaria, ya que no tenemos ni la especialización ni las
características naturales para la producción de la totalidad de los bienes a
consumir, sino aumentar la producción del sector primario y equilibrar la
balanza, y preferiblemente en términos económicos mediante productos de alto
valor añadido, de importaciones – exportaciones del sector primario.
En general el Nuevo Modelo Económico debe,
necesaria y urgentemente dada la situación de limitación de recursos, dirigirse
hacia la soberanía energética y la economía circular del reciclado. En lo que
respecta a la energía hay que romper el oligopolio de las grandes compañías
eléctricas mediante políticas energéticas de ámbito canario, insular y
municipal. Y ello con independencia de la nefasta trama de corrupción, puertas
giratorias y estafa a los consumidores del gobierno estatal. Es una facultad
del gobierno de Canarias el potenciar el
ahorro energético y la producción de energías limpias cerca de los sitios de
demanda como los polígonos industriales y complejos turísticos. Es una facultad
de este gobierno y de los cabildos y municipios, el potenciar el transporte
público y cambiar éste al eléctrico. Es una facultad de este gobierno el
incluir en los planes urbanísticos un modelo de ciudad sostenible, es una facultad
de este gobierno el que se cree la infraestructura para que se usen los
vehículos particulares eléctricos… A pesar de quien “gobierne en Madrid” se
puede cambiar el modelo energético en Canarias. Con respecto a la economía
circular se hace aún más acuciante dada la limitación física y fragilidad de
nuestro territorio: no se puede mantener un sistema de vertederos que se limita
a enterrar nuestros residuos. Hay que seguir la senda de los países más
avanzados y fomentar el ahorro y la reutilización, así como crear infraestructuras
para reciclar nuestros residuos: para compostar y devolver a la tierra sus
nutrientes, para volver a hacer envases con los que se están vertiendo, para
hacer papel y cartón con aquellos e incluso para hacer nuevos productos con los
demás residuos. Todo ello redundaría en una economía diversificada, sostenible, de mayor valor añadido,
con puestos de trabajo cualificados y con una remuneración digna.
Por último, nuestro modelo turístico está
enfocado al de masas de sol y playa. Y, a pesar de batir record en ocupación y
número de turistas, el desempleo y la precariedad no son erradicados. Así, nos
encontramos con dos problemas gravísimos que deben ser resueltos por la
administración en Canarias: por un lado se promociona y se compite en precio,
con lo que los empresarios del sector repercuten la reducción del precio para
mantener sus márgenes en el coste más fácil, apoyado con los gobiernos empresarios
áticos y peperos: el de personal. Este modelo ha desembocado también en una
oferta de “todo incluido” que ha arrasado a la restauración y pequeño comercio
de zonas turísticas. Por otra parte, el alojamiento de los turistas,
tradicionalmente en pequeños núcleos poblacionales ya existentes “pueblos
vacacionales costeros” se ha roto. Por una parte se pretende crear unos
espacios artificiales donde alojar los turistas sin que haya residentes creando
unas ciudades artificiales. Por otra parte en aquellas pequeñas poblaciones el
turismo de vivienda vacacional ha derivado el alquiler de vivienda, necesario
para los propios trabajadores residentes, hacia uno más rentable de turismo de
temporada tipo airbnb creando un acuciante problema de falta de vivienda. Ante
una situación como esta, yo me pregunto: ¿Irías a París (principal destino
turístico mundial) si sólo hubiese monumentos y turistas (y no hubiese ningún
parisino)?... es evidente que no. La mayoría de los turistas que nos
visitarán quieren un entorno real, con
una cultura que conocer en su periodo vacacional. La solución que debe hacer el
Gobierno de Canarias es no permitir el aumento de planta alojativa hotelera y
de apartamentos turísticos (lo que conllevará a un aumento de los precios vía
ley de la oferta y la demanda) y una regulación en igualdad de condiciones en
cuanto a la calidad en la prestación del servicio a ese otro segmento que es el
turismo de vivienda vacacional. Y, en aquellas poblaciones que falte vivienda
para los residentes promover el alquiler y la compra de vivienda social, bien
sea VPO o a precio tasado. Todo ello, además, teniendo en cuenta un urbanismo
menos agresivo y más sostenible energéticamente y con menos destrucción de
litoral.
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