Como decía Bertrand Russell,
debemos basarnos en los hechos. Y es un hecho que se conculca en Canarias el
principio de representatividad de la democracia al valer más los votos según en
que isla residamos. Es un hecho que, además, este sistema de triple paridad, no
ha permitido igualar ni el desarrollo económico ni al acceso igualitario a las
políticas públicas pilares de nuestra sociedad como son la educación, sanidad,
trabajo, etc.
También es un hecho que las políticas redistributivas del Gobierno de Canarias basadas en inversiones de diversas obras públicas en las distintas islas han servido para crear unos grupos económicos y políticos que monopolizan esas obras. Y, por desgracia, también es un hecho que ese tipo de inversiones, grandes obras de infraestructuras, son la base en la totalidad del estado español de un sistema de corrupción que, también es un hecho, los ciudadanos de manera contumaz nos quejamos cuando se nos pregunta a la hora de elaborar el barómetro de preocupaciones del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Así pues, es de sentido común que
se debe eliminar algo que es manifiestamente injusto. Especialmente por su contrastada incapacidad de solucionar el
problema para lo que fue creado: evitar la desigualdad para las islas no
capitalinas.
Ahora bien, movilizar a la
población para modificar el estatuto de autonomía y así adaptar la ley
electoral de Canarias a una proporcionalidad justa y quedarse ahí… es demostrar
un ansia de justicia democrática tan alta como lo es de baja la justicia
social. Y ello porque supone una falta
de solidaridad para los canarios que residimos en las islas no
capitalinas. Dados los bajos niveles en
educación, empleo y sanidad que otorgan todos los indicadores socioeconómicos
el hecho de no proponer nada es, cuando menos insultante. Peor aún, el que sólo
se utilice para modificar uno de los aspectos es, por otra parte, estúpido
políticamente ya que enfrenta a las y los canarios entre nosotros.
Por último, la discusión sobre qué
método es más justo electoralmente es huero si únicamente se queda en solventar
el problema electoral. Podrán estar mil años más discutiendo (y todos los que
se lleva discutiendo sobre la cuadratura del círculo) y llegarán al mismo
sitio: así, sólo viendo el problema de manera de representación electoral, no
se solventará el problema de Justicia Social en Canarias, en TODA Canarias
Debemos entender que el gobierno
de Canarias debe ejecutar unos presupuestos para atender las necesidades de
todas los canarios y que, por tanto, el reparto en función de criterios
insulares no es coherente. Además deja fuera de las ayudas a nuestras “islas
interiores” como son La Aldea,
Buenavista del Norte o cualquier municipio de isla capitalina pero
imposibilitado para un acceso rápido a sanidad o educación universitaria.
Puestos a modificar, que nos parece justo y lo apoyamos, el estatuto de autonomía para reformar el sistema electoral, solucionemos también el modo en que se hace el reparto equitativo de los fondos que gestiona el Gobierno de Canarias. Nada más sencillo como que se modifique el articulado obligando a destinar un porcentaje definido del presupuesto anual entre los municipios con peores ratios socioeconómicos: en sanidad, educación tanto primaria, como secundaria y acceso a la universitaria, en desempleo, en salario medio, acceso a la vivienda, etc. Y, aunque somos isleños, somos solidarios (más de lo que todos los políticos han demostrado) con aquellos canarios y canarias que están igual o peor que nosotros. Y entendemos que es el municipio el ámbito geográfico con institución más cercana al ciudadano, con información estadística y exhaustiva disponible sobre la situación de las y los vecinos.
En resumen, entendemos que se debe
modificar el estatuto de autonomía con una circunscripción única, pero también
sería recomendable que tuviese voz y voto cada isla y ello se consigue con
prácticamente cualquier propuesta que están trabajando. A nosotros nos gustaría
dos diputados por cada isla, que pueden ser elegidos en esa misma jornada
electoral o en las locales al cabildo de manera similar a los senadores del
estado español nombrados por cada comunidad autónoma. Y el resto, para no
encarecer el ya gravoso presupuesto del Parlamento de Canarias, dejar 46
diputados en circunscripción única. Por ese mismo motivo, no nos parece ni
necesario, y si despilfarro innecesario, el hacer dos cámaras en Canarias.
Y, simultáneamente, modificar el
estatuto de autonomía con la inclusión de articulado que obligue a aplicar las
diferentes políticas prioritariamente en aquellos municipios con peor
situación. Situación que se definirá de manera objetiva mediante informe anual
que recoja los distintos parámetros relacionados con las áreas de gobierno y
que deberá elaborar órgano independiente del ejecutivo y legislativo, por
ejemplo el Consejo Consultivo de Canarias.
Acabar con el injusto electoral
canario, con la desigualdad por razón de lugar de residencia, con los
oligopolios insulares corruptos y aplicar políticas sociales según las
necesidades reales de los y las canarias son los problemas a solucionar, lo
demás es discriminar y enfrentarn entre sí a las y los canarios.
Artículo que recoge la aportación que hicimos Pablo Gómez Godoy, José Juan Sansó, Maricarmen Méndez Altozano y un servidor el 22 de enero... de 2016 y que ni entendieron, ni quisieron entender.
